Cada vez que reaparece en la agenda política un nuevo intento de reconocimiento legal de uniones entre personas del mismo sexo, de oficio, en el debate social, algunos sectores defensores de dicho otorgamiento jurídico, enfilan sus baterías de desprestigio y descalificación a quienes les adversen, incluyendo claro está, a la Iglesia Católica.
No falta quien, presente dichos proyectos, en apariencia inofensivos, como una decisión que únicamente se limita a legalizar una realidad que no implica, necesariamente, un acto injusto para nadie.
Siempre hemos insistido, fundamentados en el magisterio de la Iglesia, en que los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser igualmente acogidos y respetados, atendiendo a sus necesidades espirituales, evitando todo signo de discriminación injusta.
En el plano pastoral, “Indudablemente”, estas personas deben ser sostenidas en la esperanza. Como nos recuerda la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales ( n. 10 1986) : "Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los Pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen".
Esta posición no nos lleva a ignorar el hecho que es necesario marcar la diferencia entre la tendencia homosexual como fenómeno privado y el mismo como conducta pública, legalmente aprobada, convertida y promovida como una institución de ordenamiento jurídico en claro detrimento de la institución matrimonial y la familia como tal. En otras palabras, el respeto hacia las personas homosexuales no incluye la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.
La unión del hombre y la mujer está inscrita en la misma naturaleza humana que así sabiamente lo establece. Es sobre esta unión que se construye la familia, cuyo valor permanente para la sociedad y el ser humano; es innegable, debe ser defendida de toda amenaza que ponga en peligro su solidez y existencia; en consecuencia, es una obligación básica del Estado la protección jurídica de la institución familiar, que como tal existe antes que el Estado, y no actuar arbitrariamente contra ésta, negando su deber por cálculos políticos o compromisos con los grupos activistas.
El tema debe debatirse seriamente, presentando argumentos racionales, una auténtica antropología y seguridad jurídica. Los argumentos meramente emotivos y de ánimos exaltados, solo conduce a una sociedad sin futuro.
Como Iglesia rechazamos cualquier iniciativa o acción que ultraje la dignidad de toda persona, y seguiremos promoviendo el amor y comprensión hacia todos. Pero, asimismo, seremos coherentes en la defensa de valores permanentes, entre ellos el matrimonio heterosexual, base de la familia. Invito al pueblo de Dios, para que siguiendo fielmente al único Maestro, no se deje confundir cuando le dicen que las sociedades de convivencia responden solo al reconocimiento de derechos patrimoniales.
Fuente:
Oficina de Comunicación - Curia Metropolitana
